Los deportes electr¨®nicos o esports son una realidad socio-econ¨®mica que acapara la atenci¨®n de millones de seguidores, pero tambi¨¦n de patrocinadores y hasta de entidades deportivas tradicionales que est¨¢n creando su propia divisi¨®n electr¨®nica. Los ejemplos en Espa?a de Baskonia, Valencia, Sevilla o Real Sociedad son el comienzo de lo que pronto ser¨¢ la participaci¨®n de estas conocidas entidades y otras muchas, que arrastran a muchos seguidores, en los esports.

Como actividad socio-econ¨®mica, los esports suscitan el inter¨¦s del Derecho. Se han abierto las puertas a un nuevo ¨¢mbito que exige de regulaci¨®n, como ocurre desde hace tiempo en lo que pueden llamarse las modalidades deportivas tradicionales (f¨²tbol, baloncesto, ciclismo,¡­). Los esports no pueden seguir adelante sin una regulaci¨®n singular que ya le es necesaria. Muchas son las cuestiones que interesan y exigen de esa regulaci¨®n. Sirvan un par de ejemplos para ilustrar lo que acaba de decirse.

Si el inter¨¦s se focaliza en los que participan en la actividad, los jugadores de esports, inmediatamente nos planteamos en si puede ser de aplicaci¨®n la regulaci¨®n especial de los deportistas, actualmente desarrollada por el RD 1006/1985, de 26 de junio. El primer problema que nos encontramos es si esos jugadores caen dentro del ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la precitada norma, pues en su art¨ªculo 1.2 se define a los deportistas profesionales a quienes, en virtud de una relaci¨®n establecida con car¨¢cter regular, se dediquen voluntariamente a la pr¨¢ctica del deporte por cuenta y dentro del ¨¢mbito de organizaci¨®n y direcci¨®n de un club o entidad deportiva a cambio de una retribuci¨®n.

Leyendo lo dicho por el RD 1006/1985, el debate est¨¢ servido, pues lo primero que habr¨¢ que aclarar es si los jugadores de esports tienen la condici¨®n de deportistas profesionales. No menos importante ser¨¢ identificar a los equipos de esports como club o entidad deportiva. Lo que s¨ª parece m¨¢s claro es que estos jugadores ser¨¢n trabajadores por cuenta ajena cuando presten voluntariamente sus servicios dentro del ¨¢mbito de organizaci¨®n y direcci¨®n de otra persona, f¨ªsica o jur¨ªdica (en este caso el equipo de esports), y reciba a cambio una retribuci¨®n.

Sin embargo, los efectos de que se aplique la regulaci¨®n especial (RD 1006/1985) o la general (Estatuto de los Trabajadores), ser¨¢n bien distintos, sin que, por el momento, ning¨²n ¨®rgano judicial en Espa?a se haya pronunciado sobre la cuesti¨®n. Como muchos ya conocer¨¢n, dista la soluci¨®n dada por el Estatuto de los Trabajadores de la ofrecida por el RD 1006/1985, en temas como la duraci¨®n del contrato, indemnizaciones por resoluci¨®n unilateral del contrato llevada a cabo por el deportista, cuant¨ªa de la indemnizaci¨®n por despido, por poner algunos ejemplos. Precisamente la especialidad del trabajo de los deportistas profesionales es lo que motiv¨® en su d¨ªa la aprobaci¨®n de esa regulaci¨®n de car¨¢cter especial.

Esta situaci¨®n recuerda a lo acontecido en las modalidades deportivas que hemos identificado como tradicionales. En sus inicios, la exclusi¨®n del derecho laboral fue evidente y no fue hasta la trascendental sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 24 de junio de 1971 (caso del jugador de f¨²tbol Alberto Su¨¢rez, apodado ¡°Pipi¡±, instado contra su club, el Sevilla FC), cuando cambia la doctrina jurisprudencial y se reconoce la naturaleza laboral del contrato suscrito entre un deportista con un club

Tras esa sentencia, la primera Ley que reconoci¨® la relaci¨®n laboral de los deportistas fue la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, otorgando el estatus de relaci¨®n laboral especial a este tipo de contratos. ?Necesitar¨¢n los jugadores de esports de su ¡°Pipi¡± para que comience a regularizarse su situaci¨®n? Posiblemente s¨ª, pues en la actualidad las dudas son muchas y no se puede afirmar que a estos jugadores les sea de aplicaci¨®n la normativa especial existente para los deportistas profesionales, situaci¨®n que repercute en una verdadera inseguridad para todos aquellos que hacen de esta actividad su profesi¨®n, pues el Estatuto de los Trabajadores no est¨¢ enfocado para ofrecer respuestas que son muy espec¨ªficas de una relaci¨®n laboral que tambi¨¦n merece la calificaci¨®n de especial.

Salvo que los poderes p¨²blicos decidan interesarse por la materia (como recientemente ha ocurrido en Francia por medio de la Loi pour une R¨¦publique Num¨¦rique, que confiere a los jugadores de videojuegos el car¨¢cter de profesional con derecho a salario y les sit¨²a en una posici¨®n jur¨ªdica de mayor protecci¨®n) o, sea por v¨ªas de negociaci¨®n colectiva que lleguen a fomentar futuras asociaciones de deportistas de esports, a semejanza de lo que hoy son, por ejemplo, la AFE (f¨²tbol) o la ABP (baloncesto), la realidad es que en Espa?a los jugadores de esports est¨¢n en una compleja situaci¨®n laboral que exige cambios y buena noticia tambi¨¦n ser¨¢ que comiencen a surgir asociaciones que defiendan los intereses de estos nuevos trabajadores.

No s¨®lo son las relaciones laborales las que deben merecer la atenci¨®n. La propia organizaci¨®n de la competici¨®n es otro de los grandes debates. La vigente Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (y sus hom¨®nimas auton¨®micas dentro de su ¨¢mbito territorial de aplicaci¨®n), en su art¨ªculo 46.3 viene a establecer que las competiciones oficiales de ¨¢mbito estatal podr¨¢n ser organizadas por personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas, privadas o p¨²blicas, clubes deportivos, Ligas profesionales y Federaciones deportivas. Los ejemplos de la Liga de F¨²tbol Profesional y de la Asociaci¨®n de Clubes de Baloncesto sirven a estos efectos. En el ¨¢mbito de los esports puede citarse a la Liga de Videojuegos Profesional, pero su desarrollo es todav¨ªa precario en comparaci¨®n con los ejemplos indicados del deporte tradicional.

Como contempla la Ley del Deporte, la organizaci¨®n de una competici¨®n puede hacerla pr¨¢cticamente cualquiera, pero si queremos investir a la competici¨®n de car¨¢cter oficial, ser¨¢n las Federaciones deportivas espa?olas, bajo la coordinaci¨®n y tutela del Consejo Superior de Deportes, las competentes en calificar y organizar las actividades y competiciones deportivas oficiales de ¨¢mbito estatal. En este momento no existe en Espa?a ninguna Federaci¨®n de los esports y, viendo el recorrido hist¨®rico de las Federaciones deportivas y su enorme peso en el fomento y desarrollo del deporte, va urgiendo la constituci¨®n de una Federaci¨®n de esports que haga de motor para una ordenaci¨®n normativa del sector.

Se habla en singular, de una ¨²nica Federaci¨®n, la cual pudiera dar cabida a las distintas modalidades de deportes electr¨®nicos, si bien, ello tambi¨¦n requerir¨¢ de la oportunidad de abrir el abanico y constituir Federaciones en funci¨®n del peso de cada modalidad de esports.

Tambi¨¦n ser¨¢ interesante si se deben constituir Federaciones auton¨®micas o simplemente una de car¨¢cter estatal, pues es evidente que incluso la competici¨®n nacional existente todav¨ªa hoy no est¨¢ suficientemente consolidada, de tal manera que se hace m¨¢s dif¨ªcil pensar en competiciones de ¨¢mbito auton¨®mico, si bien, ninguna opci¨®n debe desde?arse. En cualquier caso, no puede perderse de vista que conforme a lo dispuesto en el art¨ªculo 30.2 de la Ley del Deporte, las Federaciones deportivas espa?olas ejercen, por delegaci¨®n, funciones p¨²blicas de car¨¢cter administrativo, entre las que puede destacarse algunas tan relevantes como la prevenci¨®n, control y represi¨®n del uso de sustancias y grupos farmacol¨®gicos prohibidos, el ejercicio de la potestad disciplinaria y el control de las subvenciones que asignen a las asociaciones y entidades deportivas.

Los esports est¨¢n aqu¨ª, son una realidad socio-econ¨®mica, de crecimiento exponencial y cada d¨ªa con mayor penetraci¨®n y consolidaci¨®n. El panorama jur¨ªdico es un terreno todav¨ªa yermo que debe ir edific¨¢ndose paso a paso, por medio de normas de car¨¢cter federativo o de los estamentos de car¨¢cter deportivo que vayan adquiriendo competencias y, por supuesto, de un desarrollo legislativo, pues muchas materias (laboral, dopaje, ayudas p¨²blicas,¡­) se exige la intervenci¨®n del poder p¨²blico al estar reservadas a tal poder.

El Derecho no puede mirar hacia otro lado y tampoco las cuestiones que afectan a los esports pueden estar hu¨¦rfanas de regulaci¨®n o pretender quedar extramuros de la acci¨®n legislativa. El ejemplo a seguir est¨¢ servido por medio de toda la regulaci¨®n ya existente del deporte tradicional. Pero tampoco debemos quedarnos con ese modelo, pues los esports tambi¨¦n tienen su singularidad y requerir¨¢n de un desarrollo normativo concreto que permita dotarlo de identidad propia y hasta separarse del modelo deportivo tradicional en muchos aspectos.