Una isla artificial para 35.000 personas preocupa a Dinamarca
Albergar¨¢ 20.000 nuevas viviendas y para conectarla con Copenhague habr¨¢ una l¨ªnea de metro, un t¨²nel portuario y una carretera de circunvalaci¨®n.
El pasado 4 de junio, el Parlamento de Dinamarca aprob¨® construir la isla artificial de Lynetteholm. Seg¨²n las estimaciones, el proyecto finalizar¨¢ en 2070 y costar¨¢ algo m¨¢s de 2.700 millones de euros. Se ubicar¨¢ en una antigua zona industrial del puerto de Copenhague, concretamente al norte del archipi¨¦lago Refshaleoen, y tendr¨¢ una superficie de 2,8 kil¨®metros cuadrados.?
El objetivo principal es proteger a la capital danesa de posibles inundaciones ante el aumento del nivel del mar. Asimismo, ayudar¨ªa a reducir los altos precios de la vivienda ante el imparable aumento de la demanda de inmuebles.?
Conexiones con la capital
Los trabajos podr¨ªan comenzar este oto?o y albergar¨¢ 20.000 nuevas viviendas para 35.000 personas. Para poder conectarla con Copenhague, habr¨¢ una l¨ªnea de metro, un t¨²nel portuario y una carretera de circunvalaci¨®n.
Sin embargo, se trata de un proyecto que ha generado gran pol¨¦mica entre los ciudadanos daneses. Y tambi¨¦n se han sumado las fuertes cr¨ªticas por parte de los ambientalistas, ya que aseguran que puede aumentar la contaminaci¨®n en la zona, lo que repercutir¨ªa en la calidad del agua y de los ecosistemas locales.?
Impugnaci¨®n
Las Evaluaciones de Impacto Ambiental ¨²nicamente englobaron la construcci¨®n de la isla, pero no el de las infraestructuras o el resto de desarrollos previstos. Esto ha motivado que la iniciativa haya sido impugnada ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (UE).
Adem¨¢s, las obras se ver¨ªan?obstaculizadas si Suecia pone reparos cuando se aclaren las condiciones de los trabajos de construcci¨®n. Este extremo fue confirmado por Benny Engelbrecht, ministro de Transporte de Dinamarca. El dirigente se?al¨® que las autoridades suecas podr¨ªan introducir ajustes en virtud del Convenio de Espoo, que obliga a los firmantes a efectuar evaluaciones ambientales de las instalaciones que tengan un impacto transfronterizo.