Espa?a se arriesga a otra suspensi¨®n de la AMA

La anulaci¨®n de la suspensi¨®n a Ibai Salas por irregularidades en su pasaporte biol¨®gico pone al antidopaje espa?ol contra las cuerdas. No s¨®lo por la decisi¨®n en s¨ª del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que menoscaba la gesti¨®n y autoridad de la Agencia (AEPSAD), sino porque tambi¨¦n supone un incumplimiento del C¨®digo de la Agencia Mundial (AMA)¡­ lo que conlleva impl¨ªcita la amenaza de otra sanci¨®n para Espa?a.

La incertidumbre pol¨ªtica del pa¨ªs, con un Gobierno en funciones y sin capacidad legislativa, provoc¨® en 2016 la suspensi¨®n de la Agencia, primero, y del Laboratorio de Madrid, despu¨¦s, por no adaptar la Ley Antidopaje al C¨®digo de la AMA. Adem¨¢s le cost¨® el puesto a Enrique G¨®mez Bastida, el anterior director. Tras un vac¨ªo de un a?o en cuanto a controles, Jos¨¦ Luis Terreros se puso en 2017 al mando de una AEPSAD ya rehabilitada, pero con el Laboratorio a¨²n sin acreditaci¨®n. Ese mismo 2017 se adecu¨® la Ley para solucionar y evitar m¨¢s castigos.

Y de aquella reforma llegan ahora los problemas. La Ley Org¨¢nica de protecci¨®n de la salud del deportista y lucha contra el dopaje dedic¨® dos art¨ªculos espec¨ªficos al pasaporte biol¨®gico (que se reproducen adjuntos). Seg¨²n la AEPSAD, con la revisi¨®n de acuerdo al C¨®digo Mundial de la AMA se dot¨® de ¡°toda la fuerza jur¨ªdica al pasaporte¡±. Seg¨²n el TAD, ¡°la forma de proceder no ofrece una regulaci¨®n completa en la Ley Org¨¢nica¡±. Aparte, cuestiona la utilidad de este instrumento: ¡°Se trata de un medio de prueba, no de la evidencia en s¨ª. No demuestra el consumo o el empleo de sustancias o m¨¦todos prohibidos¡±.

As¨ª que bien por una interpretaci¨®n err¨®nea por parte del TAD o bien por un ordenamiento deficiente de la normativa, el caso es que Espa?a se encuentra en incumplimiento con la AMA y su C¨®digo debido al levantamiento de la suspensi¨®n a Salas. Los expedientes sucesivos se ven abocados al fracaso en el TAD (el siguiente, el de otro ciclista, Garc¨ªa de Mateos), y lo peor: la v¨ªa administrativa se ha agotado a nivel espa?ol.

As confirm¨® de fuentes de la AEPSAD y el Consejo Superior de Deportes (CSD) que, despu¨¦s de un primer estudio, no pueden apelar contra el TAD: los tres son ¨®rganos gubernamentales vinculados. La Federaci¨®n Espa?ola de Ciclismo, la Uni¨®n Ciclista Internacional (UCI) o la AMA deber¨ªan presentar el recurso en la justicia ordinaria nacional o en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en Lausana, donde existe jurisprudencia favorable. El pasaporte empez¨® a implementarse en 2015 y llega ya a m¨¢s de 250 deportistas en Espa?a. Aunque todo puede quedar en nada, el pa¨ªs se arriesga a otra suspensi¨®n y habr¨¢ m¨¢s descr¨¦dito: parece que la papeleta la tendr¨¢n que solventar la UCI o la AMA.

La AMA est¨¢ ¡°al tanto del caso¡± y ¡°en revisi¨®n¡± por si toma medidas

Diario As contact¨® con todas las partes implicadas en el proceso. En el TAD no comentan los casos, la AEPSAD y el CSD contestaron las preguntas que pueden responder por la Ley de Protecci¨®n de Datos, la UCI prefiri¨® reservarse su opini¨®n y la AMA, mediante su portavoz, Maggie Durand, confirm¨® que est¨¢n ¡°al tanto¡± y ¡°en revisi¨®n¡± respecto a los ¨²ltimos acontecimientos. Eso significa que se encuentran en la fase inicial de un an¨¢lisis encauzado a si adoptan medidas: tanto para apelar contra la sentencia del TAD como para sopesar la posible suspensi¨®n de la AEPSAD.

Espa?a fue castigada en 2016 por no adecuar su Ley al C¨®digo de la AMA. El Laboratorio de Madrid, en 2012 (por contaminaci¨®n de muestras) y en 2016, lleva dos sanciones. Al tratarse de un ¨®rgano firmante del C¨®digo Mundial, la AEPSAD y el Laboratorio se arriesgan a otra suspensi¨®n, a no realizar controles por esta contradicci¨®n e incumplimiento y, por reincidencia, a quedarse fuera de competiciones internacionales. Y en ese oscuro horizonte aparece ya la renovaci¨®n y adecuaci¨®n con el C¨®digo de la AMA para 2021. Espa?a debe solucionar este problema, la independencia respecto al CSD y crear un Real Decreto de Desarrollo.