El Estado pide las bolsas de sangre y m¨¢s condenas

El brit¨¢nico Adam Pengilly tom¨® el micro en Buenos Aires, durante la elecci¨®n de los Juegos de 2020, y encar¨® a la candidatura de Madrid: "Algunos deportistas me han pedido que pregunte por el desarrollo de la Operaci¨®n Puerto y por la destrucci¨®n de las muestras de sangre. ?Qu¨¦ tendr¨ªan que decirles?". Alejandro Blanco dio una respuesta que no satisfizo al Gobierno espa?ol, que opina que el presidente del COE deb¨ªa haber recordado que la destrucci¨®n de las bolsas est¨¢ recurrida. AS ha tenido acceso a ese recurso a la Audiencia Provincial de Madrid, que firma la abogada del Estado Luc¨ªa Pedre?o, en representaci¨®n del CSD. Ah¨ª est¨¢n todas las respuestas...

El recurso de la Abogac¨ªa del Estado, considerado el m¨¢s duro de los nueve presentados (la Fiscal¨ªa, seis acusaciones y dos defensas), consta de 36 p¨¢ginas y, en resumen, pide condenas mayores para Eufemiano Fuentes e Ignacio Labarta; extender la inhabilitaci¨®n del canario al total de su profesi¨®n m¨¦dica; condenar a los absueltos Manolo Saiz, Vicente Belda y Yolanda Fuentes... Y, por supuesto, la cesi¨®n de las bolsas de sangre a las autoridades deportivas para incoar expedientes administrativos, en concreto a la Federaci¨®n de Ciclismo (RFEC), la AMA, la UCI y el CONI. Hay que recordar que la Agencia Espa?ola no puede pedir directamente las bolsas y que para sancionar debe delegar en la RFEC, que era la que gozaba de esas competencias entonces.

El recurso recuerda las razones por las que la juez Julia Patricia Santamar¨ªa deneg¨® las bolsas: "La obtenci¨®n de unos efectos del delito obtenidos para la averiguaci¨®n de un presunto il¨ªcito penal mediante una diligencia de entrada y registro autorizada por un Juez de Instrucci¨®n, con lo que supone de injerencia en los derechos fundamentales del interesado, no ha de servir para ser tenida en cuenta para su empleo en un procedimiento administrativo sancionador en el ¨¢mbito del cual nunca se habr¨ªa podido autorizar la injerencia".

Registros. Santamar¨ªa apoy¨® sus conclusiones en una sentencia del Supremo que tambi¨¦n denegaba "las pruebas obtenidas como consecuencia de la intervenci¨®n de las conversaciones telef¨®nicas". Y en ese punto es donde el Estado interpreta que la juez ha errado: "Existe una importante diferencia entre ese supuesto y el presente caso por el hecho de referirse al secreto de las comunicaciones o a la inviolabilidad del domicilio, porque efectivamente no cabe la interceptaci¨®n de las conversaciones telef¨®nicas; mientras que s¨ª cabe la entrada y registro de lugares cerrados por parte de la Administraci¨®n P¨²blica, previa autorizaci¨®n judicial y existiendo una previsi¨®n legal al efecto".

Otro argumento de la juez es que los expedientes deportivos afectar¨ªan "a personas que no han sido parte en el procedimiento penal". El recurso apunta que "la prueba en cuesti¨®n no se ha obtenido con afectaci¨®n del derecho fundamental de ninguno de los sujetos a potestad disciplinaria, pues no es en su domicilio donde se practic¨® el registro. El derecho fundamental afectado es del condenado". Es decir, el Estado estima que la cesi¨®n de las bolsas no viola los derechos de los deportistas.