El TSJM juzga a los imputados por la Ciudad del F¨²tbol
Se trata de Bonifacio de Santiago, exalcalde de Las Rozas y diputado auton¨®mico, dos ediles y cinco exconcejales de la localidad.
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) juzgar¨¢ desde el pr¨®ximo martes 14 de abril al exalcalde de Las Rozas y diputado auton¨®mico Bonifacio de Santiago, dos ediles y cinco exconcejales de la localidad por no ejecutar una sentencia de 2007 sobre la Ciudad del F¨²tbol.
La Fiscal¨ªa acusa a estos responsables de presuntos delitos de desobediencia y prevaricaci¨®n por no cumplir la sentencia de 2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM que obligaba al municipio a anular el acuerdo por el cual se cedi¨® en 1998 una parcela de 120.000 metros cuadrados y 18.000 metros de edificabilidad a la Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol.
La apertura de la vista oral se produce despu¨¦s de que la magistrada Susana Polo, miembro de la Sala Civil y Penal del TSJM, concluyese el pasado mes de diciembre la instrucci¨®n de la querella que la Fiscal¨ªa present¨® en marzo de 2014 contra la Junta Municipal de Las Rozas por no ejecutar el fallo.
El TSJM admiti¨® a tr¨¢mite la querella de la Fiscal¨ªa en mayo por presuntos delitos de desobediencia y prevaricaci¨®n por las reiteradas decisiones que se adoptaron en las juntas locales para no ejecutar la resoluci¨®n de 2004 y otras posteriores que ordenaban la devoluci¨®n de los citados terrenos.
Seg¨²n la sentencia inicial del TSJM, los suelos se trataban de bienes demaniales y no patrimoniales, por lo que en consecuencia no pod¨ªan ser objeto de tr¨¢fico jur¨ªdico-privado.
La cesi¨®n del suelo fue aprobada por el Ejecutivo del entonces alcalde Bonifacio de Santiago en un pleno municipal celebrado en septiembre de 1998, con los votos en contra de PSOE e IU.
Ambos partidos denunciaron entonces que la operaci¨®n era contraria a la ley porque los terrenos estaban calificados en el Plan de Urbanismo como bienes de dominio p¨²blico, lo cual imped¨ªa su donaci¨®n a una entidad privada como es la RFEF, cuya actividad no est¨¢ orientada al uso y servicio de los vecinos.
La Fiscal¨ªa acusa al exalcalde de prevaricaci¨®n y desobediencia y pide para ¨¦l diez a?os de inhabilitaci¨®n; mientras que para Francisco Javier Espadas L¨®pez Terradas, Jos¨¦ Luis Alvarez de Francisco, Gemma Matamoros Mart¨ªnez, Juan Jos¨¦ Ruiz Fern¨¢ndez y Antonio Garde Fern¨¢ndez Fontecha pide nueve a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n administrativa.
Por su parte, el ministerio p¨²blico solicita la pena de siete a?os de inhabilitaci¨®n para el exdiputado Pedro N¨²?ez Morgades, que tambi¨¦n formaba parte de la corporaci¨®n, por prevaricaci¨®n administrativa.
En su declaraci¨®n ante la jueza en mayo, todos los imputados se ampararon en el trabajo de los abogados y de los expertos municipales y en que las actuaciones contaron con el asesoramiento de los t¨¦cnicos del Consistorio.
Seg¨²n el auto de la jueza, los imputados "actuaron con desprecio a las decisiones llevadas a cabo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, pasando por encima de la ley, con la finalidad de seguir beneficiando a la Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol".
