Seg¨²n ha desvelado el periodista Miguel Gonz¨¢lez en el diario El Pa¨ªs, el Gobierno est¨¢ preparando una modificaci¨®n de la Ley de Seguridad Nacional. Con la nueva disposici¨®n, toda persona mayor de edad estar¨¢ obligada a la realizaci¨®n de las "prestaciones personales" dispuestas por las autoridades competentes cuando se declare un estado de crisis.

En caso de llegar a esa situaci¨®n, todos los ciudadanos tendr¨¢n que cumplir las ¨®rdenes e instrucciones dadas por los dirigentes. Asimismo, se podr¨¢n requisar temporalmente todo tipo de bienes, intervenir u ocupar provisionalmente los que sean necesarios o suspender todo tipo de actividades. 

Indemnizaci¨®n

De acuerdo con la informaci¨®n del citado medio, aquellas personas que sufran este tipo de perjuicios tendr¨¢n derecho a ser indemnizadas. Sin embargo, la normativa excluye el pago a los ciudadanos que sean obligados a realizar una prestaci¨®n personal, que depender¨¢ del tipo de crisis que se trate (econ¨®mica, medioambiental, sanitaria...).

Estas medidas se realizar¨¢n de forma gradual y proporcional de acuerdo a la situaci¨®n que haya que afrontar. Y tambi¨¦n estar¨¢n limitadas al tiempo estrictamente necesario para superar el estado decretado. La regulaci¨®n afecta tanto a ciudadanos como a empresas y entidades jur¨ªdicas, que tendr¨¢n que colaborar con una prestaci¨®n personal o material. 

Inconvenientes jur¨ªdicos

La Ley de Seguridad Nacional es ordinaria, lo que podr¨ªa motivar algunos problemas jur¨ªdicos, dado que ¨²nicamente las normas org¨¢nicas pueden afectar a los derechos fundamentales, tal y como puntualiza El Pa¨ªs.

Otro de los inconvenientes ser¨ªa que la declaraci¨®n de una situaci¨®n de inter¨¦s para la Seguridad Nacional corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno y no al Congreso de los Diputados. Aunque si se ejecutara esta postura, las Cortes Generales deber¨ªan ser informadas de las medidas adoptadas.