?Puede una empresa obligar al trabajador a vacunarse del coronavirus?

Las noticias sobre la elevada eficacia de vacunas como la de Moderna (94,5%) o Pfizer y BioNTech (95%) han causado un gran alivio en muchas personas que comienzan a ver m¨¢s cerca el final de la pandemia. Tambi¨¦n las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien anunci¨® recientemente que ¡°en alg¨²n momento del mes de enero¡± se comenzar¨¢n a distribuir los f¨¢rmacos entre los espa?oles y que, ¡°muy probablemente¡±, a finales de mayo las vacunas estar¨¢n cerca de haber llegado a la mitad de la poblaci¨®n. La llegada inminente del f¨¢rmaco puede abrir un nuevo horizonte hacia la normalidad.

Sin embargo, todav¨ªa existe cierta inquietud por los efectos secundarios que esta pueda tener, aunque los expertos insisten en que las que salgan al mercado contar¨¢n con todos los requisitos obligatorios y necesarios para su distribuci¨®n. Esta situaci¨®n puede provocar que muchas empresas se enfrenten a la resistencia de sus empleados a recibir la vacuna. De hecho, seg¨²n una encuesta publicada por El Pa¨ªs, uno de cada tres espa?oles se muestra a¨²n reacio a vacunarse, bien porque prefiere esperar a que pase un cierto tiempo (37%) o porque ni se plantea hacerlo (13,1%). As¨ª surge la duda de si podr¨ªan los empresarios obligar a sus trabajadores a vacunarse.

Un acto voluntario

La Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales (LPRL) establece que las compa?¨ªas, cuya responsabilidad es garantizar la seguridad e higiene de sus empleados en el ¨¢mbito laboral, s¨ª pueden programar chequeos m¨¦dicos obligatorios, aunque ¡°solo servir¨¢n para comprobar el estado de salud del trabajador y, en caso de que fuera necesario, darlo de baja¡±, explica F¨¦lix Pinilla, coordinador de los servicios jur¨ªdicos de UGT.

La vacunaci¨®n, en cambio, es un acto voluntario. En nuestra legislaci¨®n, la ¨²nica norma que nombra expl¨ªcitamente la vacunaci¨®n en el trabajo es el Real Decreto 664/1997, sobre la protecci¨®n de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposici¨®n a agentes biol¨®gicos en el trabajo. El decreto establece que?¡°cuando exista riesgo por exposici¨®n a agentes biol¨®gicos para los que haya vacunas eficaces, ¨¦stas deber¨¢n ponerse a disposici¨®n de los trabajadores, inform¨¢ndoles de las ventajas e inconvenientes de la vacunaci¨®n¡±. Pero, al final, es el empleado quien decide si administr¨¢rsela o no. ¡°Este reglamento se aplica estrictamente a una lista concreta de profesiones del sector biosanitario, como m¨¦dicos, enfermeros y t¨¦cnicos de laboratorio, y siempre bajo el principio de voluntariedad¡±, se?ala Rosario Rodr¨ªguez, abogada asociada de Garrigues.

No obstante, algunos expertos proponen solicitar la vacunaci¨®n obligatoria los tribunales, alegando motivos de urgencia y necesidad, a trav¨¦s de la Ley Org¨¢nica 3/1986 de Medidas Especiales para la Salud P¨²blica, que se?ala que ¡°las autoridades sanitarias competentes podr¨¢n adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalizaci¨®n o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la poblaci¨®n debido a la situaci¨®n sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad¡±.

?¡°Si el juez acepta la petici¨®n, el trabajador no tiene m¨¢s remedio que inocularse para conservar su puesto¡±, explica Eduardo G¨®mez, socio de Dentons. Eso s¨ª, matiza que a esta v¨ªa judicial solo podr¨ªan acceder los negocios que cuenten con un motivo sanitario de peso. Es decir, ¡°no podr¨¢n alegarse simples razones econ¨®micas o productivas¡±.

?Pueden las vacunas ser obligatorias para la sociedad?

Federico de Montalvo, presidente de la Comisi¨®n de Bio¨¦tica de Espa?a, a?ade que la voluntariedad de la vacunaci¨®n puede desaparecer si el Ministerio de Sanidad ordena administrar el f¨¢rmaco a toda la sociedad o a los trabajadores de diferentes sectores en base a la ley de salud p¨²blica antes mencionada o a la Ley Org¨¢nica 4/1981, de 1 de junio, de estados de alarma, excepci¨®n y sitio, cuyo art¨ªculo?12 establece que ¡°la autoridad competente podr¨¢ adoptar por s¨ª, seg¨²n los casos, adem¨¢s de las medidas previstas en los art¨ªculos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas¡±.

De Montalvo, experto en derecho constitucional, considera que este ser¨ªa el camino m¨¢s adecuado para acabar con las resistencias en las empresas, ya que evitar¨ªa ¡°muchos dilemas jur¨ªdicos y ¨¦ticos¡±. Una opini¨®n compartida por el laboralista Enrique Ceca, socio del bufete Ceca Mag¨¢n, que apuesta por un decreto de inmunizaci¨®n que permita a las empresas ¡°proceder al despido objetivo de aquellas personas que insistan en desobedecer por ineptitud sobrevenida¡±.

Por el momento, el Gobierno rechaza imponer la vacuna como una medida obligatoria porque conf¨ªa en que la ciudadan¨ªa ser¨¢ responsable y acceder¨¢ a pon¨¦rsela. En este sentido, Illa afirm¨® que en Espa?a hay ¡°una concienciaci¨®n muy alta¡± entre la poblaci¨®n con respecto a los beneficios de la vacuna, de forma que considera que ¡°ya ser¨¢ suficiente¡±. As¨ª, destac¨® que, pese a que ¡°legalmente¡± el Gobierno podr¨ªa establecer esa obligaci¨®n, lo que se har¨¢ es intentar ¡°reforzar¡± esa idea con ¡°la verdad y los beneficios que comporta¡±. ¡°Habr¨¢ un nivel de respuesta muy alto¡±, sostuvo.