El final del estado de alarma a partir del 21 de junio provoca que m¨¢s de un mill¨®n de multas est¨¦n en el limbo. Esa fecha marcar¨¢ el final de una situaci¨®n excepcional que los abogados est¨¢n aprovechando como resquicio legal para que los denunciados no tengan que afrontar el pago de las actas.

El principal argumento se fundamenta en la Ley Org¨¢nica 4/1981, de 1 de junio, que permiti¨® al Gobierno declarar el estado de alarma. Esa norma regula que una vez finalice su vigencia "decaer¨¢n en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las autoridades competentes, as¨ª como las concretas medidas adoptadas con base en estas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes".

Sin antecedentes

Debido a que no existen precedentes, los multados no las tienen todas consigo. Por ello, todo depender¨¢ finalmente de la interpretaci¨®n del Ejecutivo y de los jueces que dictar¨¢n sentencia sobre las denuncias.

Desde el pasado 14 de marzo, se han interpuesto multas de todo tipo, lo que ha provocado muchas reacciones tanto de juristas como de ciudadanos. Desde el Ministerio del Interior se dieron unas directrices para orientar y graduar el incumplimiento del confinamiento y las multas oscilaban entre los 601 y los 10.400 euros en aplicaci¨®n de la Ley de Seguridad Ciudadana.

M¨¢s de un mill¨®n

En el ¨²ltimo bolet¨ªn publicado, fechado a finales de mayo, las propuestas de sanci¨®n eran de 1.013.747, a las que se sumaban 8.418 detenidos. Tambi¨¦n se ha ido observando una bajada en las multas con el fin de la desescalada, dado que fueron m¨¢s numerosas en su etapa inicial que en la actualidad.

Ahora, muchos juristas est¨¢n aprovechando esa peque?a coyuntura legal para que muchas multas acaben convirti¨¦ndose en papel mojado. Se espera que gran parte de ellas no se tramiten y permanezcan en las delegaciones de gobierno ante la falta de personal para poder ejecutarlas, puesto que a los seis meses, el expediente caduca.