Varios establecimientos, como bares, restaurantes y peque?as empresas sanitarias, han empezado a cobrar a sus consumidores la llamada tasa Covid, un suplemento que incluye el gasto por las medidas extraordinarias de desinfecci¨®n de la nueva normalidad. Numerosas organizaciones de consumidores lo han denunciado, y recientemente, el Ministerio de Consumo ha publicado una nota en la que informa de que es ilegal cobrar al cliente medidas de higiene, desinfecci¨®n y prevenci¨®n, y advierte de que, al tratarse de una infracci¨®n administrativa, podr¨ªa sancionarse con multas que ir¨ªan desde los 600 a los 6.000 euros.

Los establecimientos que han cobrado esta tasa han obligado al consumidor a asumir costes que no le competen, lo que, seg¨²n la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, es una cl¨¢usula abusiva. ¡°Se tratar¨ªa de la imposici¨®n al consumidor y usuario de un servicio no solicitado y no susceptible de aceptaci¨®n o rechazo por su parte¡±, define esta ley en su art¨ªculo 89.

La competencia al respecto de los derechos de los consumidores es auton¨®mica, y ser¨¢n por tanto las comunidades quienes deber¨¢n decidir cu¨¢l es la sanci¨®n que debe aplicarse en cada caso. Hasta entonces, las organizaciones de consumidores insisten en que los clientes pueden negarse a pagar y reclamar el dinero que se ha cobrado de m¨¢s siempre que se guarde el ticket o la factura.

Las residencias, las primeras en aplicarlas

Uno de los sectores que ha cobrado la tasa Covid es el de las residencias de ancianos. Recientemente, el grupo Colis¨¦e, el cuarto m¨¢s importante de Espa?a, que cuenta con 50 geri¨¢tricos y m¨¢s de 5.900 camas, inform¨® a sus clientes de que, en su pr¨®xima factura, se aplicar¨ªa una aportaci¨®n temporal de 85 euros mensuales en concepto de medidas extra de seguridad. Poco despu¨¦s, la direcci¨®n aclar¨® que la aportaci¨®n ser¨ªa voluntaria para los residentes que quisieran pagarla.

En este sentido, hay muchas dudas sobre si la voluntariedad convierte esta aportaci¨®n en legal. La OCU considera que s¨ª, siempre que se informe a los usuarios y que estos den su consentimiento expreso, pero Facua defiende que cobrar a los mayores un recargo por las medidas de seguridad que debe adoptar cada centro es ilegal y abusivo, y se propone incluso denunciar a todos los centros de mayores que la apliquen.