La organizaci¨®n Humans Rights Watch (HRW) public¨® este mi¨¦rcoles un informe para denunciar abusos contra la poblaci¨®n civil de grupos armados ilegales que est¨¢n aprovechando la pandemia para imponer estados de terror en, al menos, once regiones de Colombia: Arauca, Bol¨ªvar, Caquet¨¢, Cauca, Choc¨®, C¨®rdoba, Guaviare, Huila, Nari?o, Norte de Santander y Putumayo.

¡°En diversas comunidades a lo largo de Colombia, grupos armados han impuesto violentamente sus propias reglas para prevenir la propagaci¨®n de la COVID-19¡±, explic¨® Jos¨¦ Miguel Vivanco, director para las Am¨¦ricas de HRW, en una rueda de prensa virtual.

Estos grupos armados a los que se hace referencia incluyen al Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN) y a diversas disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), as¨ª como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), estas ¨²ltimas derivadas de la supuesta desmovilizaci¨®n de grupos paramilitares, que tuvo lugar a mediados de la d¨¦cada del 2000.

Medidas de coacci¨®n

Los canales m¨¢s utilizados por los grupos para divulgar sus normas y violentos castigos son panfletos informativos o mensajes de WhatsApp. Tambi¨¦n organizan reuniones presenciales. A trav¨¦s de estos medios imponen toques de queda, cuarentenas y restricciones a la circulaci¨®n, detallando de manera expl¨ªcita los d¨ªas y horarios en los que permiten la apertura de tiendas y el funcionamiento de servicios. A pesar de que el gobierno establezca otras medidas menos dr¨¢sticas, los grupos armados obligan a los ciudadanos a cumplir las suyas.

De no hacerlo, son amenazados, atacados, e incluso asesinados. ¡°La poblaci¨®n, de acuerdo con los testimonios que hemos recogido tanto de Fiscal¨ªa, de Polic¨ªa, de l¨ªderes sociales como de funcionarios de organizaciones humanitarias y testimonios directos de familiares de las v¨ªctimas y testigos, est¨¢n viviendo una situaci¨®n de terror¡± revel¨® Vivanco.

"Se suspende toda actividad comercial y p¨²blica (¡­) y persona que se encuentre fuera de su casa a partir del horario anunciado anteriormente ser¨¢ objetivo militar", puede leerse en un panfleto firmado y distribuido por el Frente Oliver Sinisterra. Una amenaza a¨²n m¨¢s violenta y directa lanza la columna m¨®vil Jaime Mart¨ªnez, en un panfleto, asegurando que los que no cumplan las normas "ser¨¢n sometido a nuestra ley y pagar¨¢ con su vida". "Ya saben, o cumplen o se mueren", insiste el texto. As¨ª instauran el miedo entre la poblaci¨®n.

Una de las v¨ªctimas mortales de estos grupos fue el l¨ªder comunitario de Putumayo, Edison Le¨®n P¨¦rez, asesinado despu¨¦s de que escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protecci¨®n lo acompa?aran hasta su domicilio. Seg¨²n un fiscal que investig¨® su homicidio, lo mataron integrantes de La Mafia porque d¨ªas atr¨¢s hab¨ªa mandado una carta a las autoridades locales denunciando al grupo por obligar a los habitantes a trabajar en puestos de control sanitario durante 24 horas sin ning¨²n tipo de protecci¨®n. En estas zonas se interroga a la gente con s¨ªntomas y muchas veces se les niega el paso a los contagiados.

Intereses propios

Jos¨¦ Miguel Vivanco afirm¨® que estos grupos armados aprovechan la pandemia para intimidar a los ciudadanos con tres objetivos: reafirmar su control, ganar alg¨²n tipo de reconocimiento y proteger a sus miembros del coronavirus.

La COVID-19 es un pretexto para consolidar su control social sobre las regiones m¨¢s vulnerables y, a su vez, esperan que las comunidades los vean como grupos que se preocupan por la salud general, y no solo como una mafia cruel.

Adem¨¢s, temen un brote entre las organizaciones criminales porque saben que un contagio grave requiere tratamientos que no existen en muchas zonas del pa¨ªs, lo que puede suponer ¡°una merma grave al interior de las tropas¡±, detalla Vivanco: ¡°Hay una preocupaci¨®n por parte de estos grupos que tiene que ver con su propia supervivencia y para evitar un brote de coronavirus imponen estas reglas donde quien paga es la poblaci¨®n civil¡±.

Abandonados por el Estado

¡°Este brutal control social refleja las hist¨®ricas falencias del estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del pa¨ªs que permita proteger a las comunidades en riesgo¡±, critica Vivanco.

Porque el informe de HRW tambi¨¦n denuncia que las medidas impuestas por los grupos armados han ¡°menoscabado todav¨ªa m¨¢s el acceso a alimentos para las comunidades que viven en situaci¨®n de pobreza¡±. Un acceso que ya se hab¨ªa visto limitado por el aislamiento decretado por el gobierno.

En esta l¨ªnea HWR recuerda que, respetando los derechos humanos, ¡°el gobierno colombiano tiene la obligaci¨®n de proteger los derechos a la vida y a la integridad f¨ªsica", por lo que insta a las autoridades del pa¨ªs a adoptar "medidas de prevenci¨®n adecuadas" frente a "amenazas razonablemente previsibles por parte de actores privados", entre los que se encuentran "grupos de crimen organizado y otros grupos armados".

"El gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y agua, as¨ª como para proteger su salud de los efectos de la COVID-19", reiter¨® Vivanco.