CORONAVIRUS

El fin del estado de alarma deja en el aire un mill車n de multas

Juan Medina

Las sanciones oscilan entre los 601 y los 10.400 euros en aplicaci車n de la Ley de Seguridad Ciudadana y el expediente caduca a los seis meses.

El final del estado de alarma a partir del 21 de junio provoca que m芍s de un mill車n de multas est谷n en el limbo. Esa fecha marcar芍 el final de una situaci車n excepcional que los abogados est芍n aprovechando como resquicio legal para que los denunciados no tengan que afrontar el pago de las actas.

El principal argumento se fundamenta en la Ley Org芍nica 4/1981, de 1 de junio, que permiti車 al Gobierno declarar el estado de alarma. Esa norma regula que una vez finalice su vigencia "decaer芍n en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las autoridades competentes, as赤 como las concretas medidas adoptadas con base en estas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes".

Sin antecedentes

Debido a que no existen precedentes, los multados no las tienen todas consigo. Por ello, todo depender芍 finalmente de la interpretaci車n del Ejecutivo y de los jueces que dictar芍n sentencia sobre las denuncias.

Desde el pasado 14 de marzo, se han interpuesto multas de todo tipo, lo que ha provocado muchas reacciones tanto de juristas como de ciudadanos. Desde el Ministerio del Interior se dieron unas directrices para orientar y graduar el incumplimiento del confinamiento y las multas oscilaban entre los 601 y los 10.400 euros en aplicaci車n de la Ley de Seguridad Ciudadana.

M芍s de un mill車n

En el 迆ltimo bolet赤n publicado, fechado a finales de mayo, las propuestas de sanci車n eran de 1.013.747, a las que se sumaban 8.418 detenidos. Tambi谷n se ha ido observando una bajada en las multas con el fin de la desescalada, dado que fueron m芍s numerosas en su etapa inicial que en la actualidad.

Ahora, muchos juristas est芍n aprovechando esa peque?a coyuntura legal para que muchas multas acaben convirti谷ndose en papel mojado. Se espera que gran parte de ellas no se tramiten y permanezcan en las delegaciones de gobierno ante la falta de personal para poder ejecutarlas, puesto que a los seis meses, el expediente caduca.