Seg¨²n los ¨²ltimos datos publicados, Interior recoge un total de 753.725 propuestas de sanci¨®n por incumplimiento de las medidas del estado de alarma. Detr¨¢s de este gran volumen de sanciones, se ha generado un profundo debate sobre la base legal de las mismas.

Tal y como reconoci¨® el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se trata de una cuesti¨®n "t¨¦cnico-jur¨ªdica", en la que se manejan diferentes normas y conceptos legales, interpretados tambi¨¦n de forma diferente. 

El Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo, como punto de partida

Para intentar explicar la legalidad o no de estas multas por saltarse el confinamiento, hay que empezar por el principio: el Real Decreto por el que se declar¨® el estado de alarma.

En esa norma, que entr¨® en vigor el s¨¢bado 14 de marzo, se inclu¨ªa la restricci¨®n de movimiento a la ciudadan¨ªa y en su ¨²ltimo art¨ªculo, el 20?, se indicaba que "el incumplimiento o la resistencia a las ¨®rdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma ser¨¢ sancionado con arreglo a las leyes, en los t¨¦rminos establecidos en el art¨ªculo 10 de la Ley Org¨¢nica 4/1981".

Sin embargo, la ley indicada no precisaba nada al respecto, por lo que el d¨ªa 15, Grande-Marlaska, a trav¨¦s de la orden INT/226/2020, tuvo que especificar que cab¨ªan dos tipos de infracciones por saltarse el confinamiento: las m¨¢s graves podr¨ªan ser objeto del C¨®digo Penal y a las que no fueran constitutivas de delito ser¨ªa de aplicaci¨®n el art¨ªculo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, es decir, la popularmente conocida como Ley Mordaza. Una norma, promulgada por el PP, que el actual Ejecutivo prometi¨® que derogar¨ªa. 

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En la Ley de Seguridad Ciudadana se recoge el castigo por "desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes", lo que llev¨® a alguna Delegaci¨®n de Gobierno a dudar de la legalidad de estas sanciones en determinados casos.

Requerimiento expreso a la Abogac¨ªa General del Estado

Debido a las dudas de las delegaciones de Gobierno, la Abogac¨ªa del Estado fue requerida para emitir un informe. En ¨¦l, Consuelo Castro Rey, jefa de la Abogac¨ªa del Estado, se?alaba que algunos abogados del Estado manten¨ªan que el art¨ªculo 7 del decreto del estado de alarma permitir¨ªa apreciar que hab¨ªa infracci¨®n "directamente y sin necesidad de previo requerimiento de los agentes de la autoridad". Por el contrario, otros de los abogados entend¨ªan que s¨ª era necesario este requerimiento expreso, y que adem¨¢s este resultase desatendido. Es decir, que no hiciera caso.

Por su parte, Castro tambi¨¦n opt¨® por la segunda postura, afirmando que "el mero incumplimiento de las limitaciones o restricciones impuestas durante el estado de alarma no puede ser calificado autom¨¢ticamente como infracci¨®n de desobediencia del art¨ªculo 36.6 de la Ley Org¨¢nica 4/2015".

Adem¨¢s, a?adi¨®, como aclaraci¨®n ¨²ltima, que dicha infracci¨®n solo concurre "cuando, habiendo incumplido el particular las limitaciones del estado de alarma, sea requerido para su cumplimiento por un agente de la autoridad, y el particular desatienda dicho requerimiento".

En un posterior segundo informe, la jefa de la Abogac¨ªa del Estado a?adi¨® una recomendaci¨®n para que los agentes detallaran al m¨¢ximo posible sus actas de infracci¨®n. Y es que la cifra de 753.725 propuestas de sanci¨®n es much¨ªsimo m¨¢s alta que, por ejemplo, la de Italia, con 223.920 en una poblaci¨®n de 60 millones de personas (Espa?a cuenta con alrededor de 47 millones).

Defensor del Pueblo y otras organizaciones

La elevada cifra de sanciones y el debate legal que las envuelve ha hecho que diversos organismos se pronuncien al respecto. El Defensor del Pueblo ha pedido m¨¢s datos a Interior para llevar a cabo "un an¨¢lisis global del r¨¦gimen sancionador durante el estado de alarma, con el fin de compulsar si se ha actuado de manera correcta y proporcional", tal y como recoge RTVE.

Otras, como Defender a quien defiende, integrada por organizaciones de derechos humanos como como Novact, Legal Sol, Institut de Drets Humans de Catalunya, Calala o Ecologistas en Acci¨®n, critica en un comunicado que "en el contexto de estado de alarma se prevea una interpretaci¨®n de las cuant¨ªa de las sanciones desproporcionada y que se prevea sancionar a las personas directamente por un desplazamiento no autorizado".