El giro con MUFACE que plantear¨¢ el Gobierno: desde la elecci¨®n a acabar con el modelo
El Ministerio de Funci¨®n P¨²blica plantea una reforma en la cual el funcionario deber¨ªa elegir de forma irreversible; desde Sanidad quieren poner fin al sistema.
El Gobierno, a trav¨¦s del Ministerio de Transformaci¨®n Digital y Funci¨®n P¨²blica, plantea una reforma de MUFACE, un organismo p¨²blico encargado de prestar asistencia sanitaria a los funcionarios, seg¨²n la cual la libre elecci¨®n de ser atendidos en la sanidad privada o p¨²blica no podr¨¢ ser reversible. Hasta ahora, cada a?o los beneficiarios pod¨ªan elegir si hacer uso de la sanidad privada o p¨²blica, de forma que tras estar un tiempo en una modalidad podr¨ªan cambiar a la otra y viceversa, seg¨²n informa El Pa¨ªs.
Esta revisi¨®n del sistema llega a ra¨ªz de que las aseguradoras de Adeslas, Asisa y DKV se hayan negado a presentarse de nuevo al convenio para los a?os 2025 y 2026. Seg¨²n fuentes consultadas por El Pa¨ªs, el actual convenio estar¨¢ vigente hasta el 31 de enero, por lo que todav¨ªa hay tiempo para encontrar otra licitaci¨®n.
La finalidad, prever los presupuestos
El fin principal de evitar los cambios es prever los presupuestos necesarios para unos u otros: ¡°Una vez que los actuales beneficiarios hayan optado de forma voluntaria por el r¨¦gimen com¨²n o el r¨¦gimen especial, ser¨¢ m¨¢s f¨¢cil planificar las fuentes de ingresos del sistema. [¡] Por tanto, as¨ª se podr¨¢n tomar decisiones m¨¢s precisas sobre c¨®mo financiarlo¡±, explican las fuentes.
Para tomar esta decisi¨®n, hay que tener en cuenta dos factores. En primer lugar, existe diversas relaciones de los distintos funcionarios con MUFACE. Por ejemplo, la mutualidad da cobertura a algunos como los de la Administraci¨®n General del Estado, docentes y polic¨ªas, entre otros, pero no la da a cuerpos superiores de interventores y auditores de la Seguridad Social, personal de administraci¨®n de universidades o personal investigador de organismos p¨²blicos.
Las aseguradoras reclaman mayores ingresos
Por otra parte, el n¨²mero de nuevos funcionarios que se adscriben a MUFACE es peque?o en relaci¨®n con el total de mutualistas, lo que har¨ªa que el balance despu¨¦s de la elecci¨®n por la sanidad privada o p¨²blica cambiase poco cada a?o en t¨¦rminos relativos. Adem¨¢s de poder llevar a cabo una previsi¨®n de los ingresos m¨¢s acertada, tambi¨¦n est¨¢ previsto que se tengan tambi¨¦n en cuenta los gastos, a la espera de un informe que analizar¨¢ cada partida.
En cuanto a esta nueva licitaci¨®n, las empresas aseguradoras reclaman un incremento de hasta el 40% en las primas, alegando que actualmente est¨¢n infrafinanciadas, aunque la realidad es que se trata m¨¢s bien de un envejecimiento de la poblaci¨®n y una mayor cantidad de nuevos funcionarios j¨®venes a la sanidad privada.
Un sistema controvertido
Se trata de un sistema muy controvertido, ya que no existe en otros pa¨ªses de Europa. Igualmente, algunos estudios alegan que las aseguradoras hacen un control de riesgos y aquellas personas con un estado de salud m¨¢s delicado y que requiera de m¨¢s tratamientos son derivados a la sanidad p¨²blica, mientras que en la privada se quedan los que menos gastos ocasionan.
Sanidad plantea acabar con el modelo MUFACE
Si desde el Ministerio de Transformaci¨®n Digital y Funci¨®n P¨²blica apuestan por una reforma del sistema MUFACE, desde el Ministerio de Sanidad, que dirige M¨®nica Garc¨ªa (el otro partido de la coalici¨®n), plantea acabar con el modelo Muface a partir del 1 de enero de 2025 e incorporar a la sanidad p¨²blica en 9 meses al mill¨®n de funcionarios que reciben ahora mismo asistencia privada.
As¨ª lo atestigua un informe al que ha tenido acceso la Cadena SER. Desde Sanidad creen que ha llegado el momento de acabar con este modelo despu¨¦s de que el consurso haya quedado desierto. Para ello, ha dise?ado un plan de transici¨®n en el que los funcionarios se ir¨ªan incorporando de forma paulatina a la sanidad p¨²blica.
En este sentido, el Gobierno transferir¨ªa los 2.681 millones que destina a las aseguradoras privadas a las comunidades aut¨®nomas, que tendr¨ªan que invertir en los servicios sanitarios durante los tres primeros a?os.
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