El cambio con la incapacidad permanente al llegar a la edad de jubilaci¨®n: as¨ª tributa el IRPF en la pensi¨®n
El TEAC confirma que los pensionistas con incapacidad permanente seguir¨¢n aplicando el m¨ªnimo por discapacidad al llegar a la jubilaci¨®n, sin necesidad de demostrar un grado del 33% o m¨¢s.
Las personas que ya tienen reconocida una pensi¨®n por incapacidad permanente seguir¨¢n teniendo derecho a aplicar el m¨ªnimo por discapacidad cuando lleguen a la edad de jubilaci¨®n, tal como establece el art¨ªculo 60 de la Ley 35/2006 del IRPF. No ser¨¢ necesario demostrar un grado de discapacidad del 33% o m¨¢s. As¨ª lo ha confirmado el Tribunal Econ¨®mico Administrativo Central (TEAC) en una reciente resoluci¨®n emitida el 19 de julio.
El TEAC respalda derechos adquiridos
El TEAC aclara que si durante los a?os en los que se percib¨ªa la pensi¨®n por incapacidad permanente se permit¨ªa aplicar dicho m¨ªnimo, el cambio en la denominaci¨®n de la pensi¨®n a jubilaci¨®n no justifica que ahora se exija la demostraci¨®n del grado de discapacidad. Seg¨²n el Tribunal, el cambio de condici¨®n de incapacidad permanente a pensionista jubilado es meramente nominal y no implica que la persona haya dejado de ser incapacitada. Por lo tanto, solicitar pruebas adicionales que antes no eran requeridas resulta il¨®gico y contrario al esp¨ªritu de la ley, que siempre ha otorgado este beneficio sin considerar un grado espec¨ªfico de discapacidad.
Mientras se percibe una pensi¨®n por incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, el art¨ªculo 60 del LIRPF no otorga a la Agencia Tributaria la facultad de exigir m¨¢s pruebas que la simple acreditaci¨®n de que se recibe dicha pensi¨®n del INSS. Sin embargo, al cambiar la denominaci¨®n a pensi¨®n de jubilaci¨®n, te¨®ricamente podr¨ªan solicitarse m¨¢s evidencias.
Satisfacer las necesidades ordinarias
A pesar de ello, el beneficio se mantiene, ya que se entiende que la capacidad laboral est¨¢ reducida y se requiere una mayor parte de los ingresos para cubrir necesidades diarias. La incapacidad permanente suele conllevar un mayor coste de vida, y el legislador fiscal ha considerado este aspecto. Por lo tanto, dado que la necesidad econ¨®mica no cambia, aunque lo haga el nombre de la prestaci¨®n, no tiene sentido exigir la demostraci¨®n del grado de discapacidad solo por este cambio.
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