El problema jur¨ªdico de Milei para hacer sus reformas
El decreto anunciado por el nuevo presidente argentino tendr¨¢ que pasar el filtro de las c¨¢maras pol¨ªticas. Si consigue el apoyo en una, seguir¨¢ adelante.
La llegada de Javier Milei (La Libertad Avanza) a la Casa Rosada ha estado marcada por sus primeras decisiones. El nuevo presidente de Argentina ha revolucionado la pol¨ªtica y la econom¨ªa de pa¨ªs, con el anuncio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) al que la sociedad ha respondido con m¨¢s dudas dudas que certezas. Con un total de 366 art¨ªculos, el objetivo del DNU es ¡°destrabar el andamiaje jur¨ªdico e institucional opresor¡±.
Y en un primer momento los mercados financieros ¡®agradecieron¡¯ la medida de desregularizar la econom¨ªa argentina. Subieron las acciones de los bancos locales y los bonos en d¨®lares fueron al alza en Wall Street. Pero esta euforia inicial se enfrenta a las dudas legales y judiciales. El Congreso, la Justicia y el descontento de la poblaci¨®n pueden tirar por la borda las aspiraciones de Milei.
Porque hay quien considera que algunos de estos decretos ni son necesarios y son urgentes. ¡°Hay muchos sectores que presentar¨¢n quejas ante la justicia, la pregunta sobre la sostenibilidad permanece latente¡±, explican desde Adcap, grupo financiero argentino. La sart¨¦n, ahora en manos de los legisladores y los jueces. Pero no est¨¢ todo perdido para el nuevo inquilino de la Casa Rosada.
La esperanza de Milei
El presidente, votado por m¨¢s de 14 millones de argentinos (un 56% de los votos) conf¨ªa en la historia para que su decreto anticrisis siga adelante. Y es que, en las ¨²ltimas dos d¨¦cadas, todos los presidentes de Argentina han firmado decretos de necesidad y urgencia. Los ha habido, como ahora, pol¨¦micos, pero siempre han salido adelante en el Congreso, no fueron derogados. Y a ello se aferra Milei.
Todo, a pesar de las fuertes cr¨ªticas generadas, tanto en la calle como entre los expertos. ¡°El decreto infringe pr¨¢cticamente todo. Aunque le guste el contenido, aqu¨ª lo que falla es la forma, explica el profesor de derecho constitucional Daniel Sabsay, en El Pa¨ªs. Por su parte, Roberto Gargarella, abogado y jurista, considera el decreto inconstitucional. ¡°Hay muchos legisladores que pod¨ªan estar de acuerdo con parte del texto, pero ha generado mucho enojo que pasase por arriba del Congreso¡±.
El encargado de votar el DNU es el Poder Legislativo, compuesto por los Diputados y los Senadores. Y, para derogarlo, se requiere de la mayor¨ªa del voto negativo de ambas c¨¢maras. Si una vota a favor, se mantendr¨ªa vigente. Algo que en los ¨²ltimos tiempos no se ha dado, pero que en esta ocasi¨®n podr¨ªa ser diferente. ¡°Por primera vez en la historia es posible que las dos C¨¢maras se junten en la derogaci¨®n de un decreto¡±, advierte Gargarella. Y, aunque supere este obst¨¢culo, es posible que la anulaci¨®n llegue por la v¨ªa judicial, en cuyo caso el conflicto podr¨ªa prolongarse durante a?os.
Medidas pol¨¦micas
Entre los 366 art¨ªculos que componen este decreto destacan la prohibici¨®n de que el Estado intervenga par controlar los precios de los alimentos o los alquileres. Ser¨¢n los empresarios y propietarios quienes tengan esa decisi¨®n. Las empresas p¨²blicas podr¨¢n ser privatizadas y los equipos de f¨²tbol podr¨ªan convertirse en sociedades an¨®nimas.
A nivel de empleo, los trabajadores tendr¨¢n m¨¢s complicado hacer huelga y, por contra, ser¨¢ m¨¢s f¨¢cil que acaben despedidos. Y si el decreto perjudica a los empleados, ocurre lo contrario con las empresas. No ser¨¢n multadas si tienen contratados empleados de forma irregular y tampoco si estos hacen jornadas de hasta doce horas diarias. Los bancos, por su parte, podr¨¢n ocultar las comisiones de sus tarjetas de cr¨¦dito.