?Qu¨¦ est¨¢ pasando con Muface y los funcionarios? Esta es la nueva y ¨²ltima oferta del Gobierno para atraer a las aseguradoras

La crisis de Muface contin¨²a, aunque esta vez parece que la resoluci¨®n final est¨¢ cerca de llegar. Este 27 de enero finalizaba el plazo de presentaci¨®n de ofertas para las aseguradoras para cubrir la asistencia sanitaria de casi 1,5 millones de funcionarios. Sin embargo, el s¨¢bado 25 de enero, el Gobierno suspendi¨® el plazo y confirm¨® que va a cambiar las condiciones de la segunda licitaci¨®n de Muface.

Por ahora, DKV es la ¨²nica aseguradora que sigue firme en su decisi¨®n de no renovar con Muface, pero ni Asisa ni Adeslas, que inicialmente renunciaban a llegar a un acuerdo, han dado su ¡®no¡¯ definitivo. De hecho, parece que han cambiado de opini¨®n y est¨¢n abiertas a renovar el contrato.

La ¨²ltima oferta del Gobierno

Con el objetivo de poner fin a la crisis entre Muface, los funcionarios y las aseguradoras, el Gobierno ha cambiado las condiciones de la nueva licitaci¨®n de Muface. En primer lugar, ha vuelto a ampliar el plazo pero, esta vez, no ha puesto una fecha l¨ªmite concreta. Adem¨¢s, la prima media por mutualista al a?o pasar¨ªa de 1.032,12 euros actuales a los 1.262,28 en 2027.

?scar L¨®pez, ministro de Transformaci¨®n Digital y Funci¨®n P¨²blica, ha explicado que comparecer¨¢ el pr¨®ximo 29 de enero para explicar detalladamente todo lo ocurrido con Muface y los funcionarios, pero que por ahora es optimista. Mientras tanto, el sindicato CSIF sigue amenazando con una huelga de funcionarios si no se llega a un acuerdo.

Qu¨¦ pasa hasta entonces

Tal y como ha confirmado Muface en su propia web, ¡°con independencia de este tr¨¢mite, todos los mutualistas de Muface, tanto los titulares como los beneficiarios, van a continuar recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales, en virtud de las ¨®rdenes de continuidad del servicio dictadas por la Mutualidad de acuerdo con el art¨ªculo 288 de la Ley de Contratos del Sector P¨²blico.¡±

Es decir, que hasta que se llegue a un acuerdo definitivo, los 1,5 millones de funcionarios afectados seguir¨¢n recibiendo asistencia sanitaria.

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